1- El dato más alarmante es la confirmación de un recorte del 20% sobre un presupuesto 2026 ya aprobado. Aunque no precisaron de qué manera se ejecutará , el reconocimiento explícito de la “situación crítica” anticipa un escenario de emergencia. El Ejecutivo transfiere partidas salariales cada tres meses y son insuficientes, obligando permanentemente a solicitar refuerzos presupuestarios. En materia salarial, subrayamos la pérdida superior al 37% del poder adquisitivo, agravada por el desfinanciamiento de actividades indispensables para el trabajo científico (congresos, cursos, insumos, formación de posgrado). Sin embargo, el Directorio sostuvo que no tiene autorización para otorgar bonos compensatorios. Asimismo, relativizaron la necesidad de financiamiento específico para becarios para congresos, cursos de posgrado y doctorados, trasladando implícitamente la responsabilidad de sostener la actividad científica hacia fuentes externas o esfuerzos individuales.
2- En relación con la cobertura de salud, informaron que CONICET avanzará en un mecanismo mediante el cual les becaries podrán optar por percibir directamente el monto destinado actualmente a la cobertura individual de obra social ($88.584 en abril, sabemos que no alcanza para ningún plan de medicina prepaga). Además, establecieron que no hay cambio posible de obra social. Esto implica, en los hechos, un corrimiento institucional respecto de la garantía de cobertura de salud y una transferencia de responsabilidad hacia lxs trabajadorxs becarixs, profundizando la precarización laboral y el deterioro de los pocos derechos básicos otorgados. Cabe destacar también que el Directorio descarta cualquier tipo de acción legal ante el incumplimiento de UP del convenio celebrado con el organismo y ante el incumplimiento de la obra social de la ley 23661, que establece su obligación de garantizar la cobertura en salud en todo el territorio nacional.
3- También se evidenció una ausencia de respuestas frente a situaciones críticas derivadas de la paralización de las convocatorias para ingresos CIC y CPA. Particularmente grave es el caso de les 379 becarixs posdoctorales postulantes a CIC 2025 cuyas becas finalizan el 31 de julio de 2026 y que no pudieron concursar previamente debido a la suspensión de convocatorias. Las autoridades manifestaron que están analizando la posibilidad de prorrogar las becas para lxs compañerxs en esta situación en función del presupuesto disponible, sin informar un plazo de definición al respecto. Al día de hoy no existe ninguna respuesta concreta para estos casos, mientras los resultados a CIC recién se publicarán en agosto de 2027, dejando a cientos de investigadores/as frente a una potencial expulsión del sistema.
4- Respecto de las becas extraordinarias, ante nuestro pedido de otorgar la posibilidad a postulantes a renunciar a cargos extra (como personas con tres cargos docentes simples) si la beca fuera otorgada, el directorio se pronunció en contra. A esto se suma un cambio de criterio en las altas, que dejará de priorizar situaciones extraordinarias para pasar a regirse estrictamente por orden de mérito, reduciendo aún más las posibilidades de contención institucional.
5- En cuanto a los criterios de evaluaciones de postulaciones a becas y a CIC, reconocieron problemas en la formulación de los dictámenes, aunque limitaron la respuesta a futuras capacitaciones de comisiones evaluadoras, sin plantear modificaciones estructurales del sistema de evaluación.
6- Finalmente, la reunión confirmó el escenario de vaciamiento general del sistema científico nacional, especialmente de la Agencia I+D+i. El propio Directorio reconoció no haber obtenido respuestas de las autoridades nacionales pese a reiterados pedidos de reunión. Frente al congelamiento de Agencia, plantean como única estrategia lanzar líneas internas de financiamiento CONICET, claramente insuficientes frente a la magnitud de la crisis. Asimismo, no nos queda claro de qué manera esto será viable en un escenario de recorte presupuestario del 20% sobre el presupuesto aprobado.
Los datos de becas y cargos CIC muestran con claridad un proceso de achicamiento y reestructuración del sistema científico desde 2022.
En la convocatoria 2022 se otorgaron 1.654 becas doctorales y de finalización (1.393 doctorales + 261 finalización) y 800 becas posdoctorales, totalizando 2.454 becas. Además, se aprobaron 1.401 prórrogas excepcionales para sostener trayectorias afectadas por interrupciones previas (pandemia).
En cambio, la convocatoria 2023 mostró una caída abrupta: se otorgaron 1.140 becas doctorales/finalización (600 + 240 adicionales + 300 finalización) y 502 posdoctorales. Esto implica una reducción de 812 becas respecto de 2022, equivalente a una caída cercana al 33% del sistema de formación científica en un solo año. Particularmente fuerte fue la reducción de becas posdoctorales, que cayó un 37%.
La convocatoria 2025 mantuvo un nivel semejante con 1.199 becas (904 doctorales + 295 finalización), aproximadamente un 31% por debajo del ingreso de 2022. Además, el esquema cambió cualitativamente: el 70% de las becas se orientó a “temas priorizados” y solo el 30% a temas abiertos, consolidando un modelo que refuerza el modelo libertario de ciencia.
Respecto de CIC, en 2022 se habían previsto alrededor de 850 ingresos. Sin embargo, desde 2023 el sistema ingresó en una fuerte parálisis: reducción de cupos, retrasos en evaluaciones, congelamiento de altas y ausencia de definiciones claras sobre continuidad laboral. La situación más crítica hoy afecta a 379 becarixs posdoctorales cuyas becas terminan en julio de 2026 y que no tienen garantizada ninguna prórroga mientras esperan resultados de CIC proyectados recién para agosto de 2027.
En conjunto, los números muestran no solo un ajuste presupuestario sino una transformación estructural del sistema científico: menos becas, menor capacidad de absorción en CIC y CPA, creciente precarización, salarios debajo de la línea de la pobreza, sin financiamiento para compra de insumos y mantenimiento de equipamientos y proyectos, sin garantias para trabajar en condiciones dignas y mayor injerencia libertaria en las áreas financiadas.
En síntesis, la Mesa dejó la imagen de un Directorio administrando la crisis y el ajuste más que ofreciendo respuestas políticas o institucionales de defensa del sistema científico y sus trabajadorxs. Se acordó una periodicidad de 4 Mesas de Becarixs por año. Las próximas reuniones serán el 7 de agosto y 12 de noviembre, con posibilidad de pedir otra mesa si fuera necesaria.
]]>La cuota solidaria, una de las principales “cajas” sindicales que se acumula tras los miserables acuerdos paritarios, se mantendrá. Lo mismo sucederá con los aportes a las cámaras empresariales. En cuanto a la negociación colectiva, se imponen los convenios por empresa sobre los convenios por actividad o rama, lo que en principio debilita la posición de los trabajadorxs. También se cae la ultraactividad de los convenios colectivos, se reduce el cálculo indemnizatorio, que ya no contemplará ítems como el aguinaldo y las vacaciones, se derogan algunos estatutos (como el del Periodista), se establecen vacaciones “flexibles” y regímenes “voluntarios” de banco de horas. Lógicamente, se amplía el número de “servicios esenciales”, con lo que en caso de acciones de protesta (huelgas) se deberá garantizar una prestación mínima del 75% y 50%. Y un punto catastrófico: los sindicatos podrán realizar asambleas “siempre que ello no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa ni cause perjuicio a terceros”, lo cual limita al extremo la práctica deliberativa por excelencia de lxs trabajadorxs, que incluso deberán pedir autorización previa al empleador para el horario, la duración, y su realización. El remate: el trabajador no devengará salarios durante el tiempo que dure la protesta. La ley contiene innumerables ataques de este tipo, como la reducción del salario si el trabajador registra un accidente ‘voluntario’ o si necesita licencia por enfermedades…
Frente a semejante ataque, histórico y difícilmente reversible, a la condición de lxs trabajadores, la respuesta fue una burla mayor:
como todxs pudimos ver, el sindicalismo cordobés se la jugó con volanteadas, paseítos por las plazas, y escuálidos actos
donde solo repiten amenazas de medidas como paros que jamás concretan, demostrando toda su debilidad y complicidad. Arrastrados a la
figurita política de ocasión, mendigando puestos en las listas para elecciones, y por otro lado, asfixiando corrientes opositoras (su
deporte favorito), el sindicalismo mostró su peor faceta.
Con todo, lxs trabajadores de CONICET decidimos salir a las calles, buscamos articular con sectores que no se rinden, discutimos,
debatimos, exigimos medidas contundentes a la altura del ataque que estamos sufriendo, y sobre todo, denunciamos a lxs cómplices
de esta situación.
A pocos días de obtener media sanción en senadores, la inclusión sobre la hora un artículo que reduce el pago de licencias por enfermedad o accidentes hasta un 50%, conmovió a la CGT, que convocó a un paro nacional –sin movilización, es decir, sin que lxs trabajadores se encuentren en las calles- ya que se trataría la ley en Diputados con la probabilidad alta de que de inmediato se pase votación. Como puede leerse en cualquier medio de información, este -hasta ahora- paro no nace del clima general, pues lo que lo provocó el cambio de la posición negociadora/cómplice de la CGT fue un episodio puntual: cuando transcurría el debate en el Senado, el oficialismo incorporó durante la madrugada la modificación del régimen de licencias por enfermedad, sin discusión previa y fuera del texto original –como casi toda la ley-; y al ser conocida, el sindicalismo lo interpretó como una ruptura de los “acuerdos informales” con el gobierno. Es decir, este paro no obedece a un plan de lucha ni nada que se le parezca; es un pataleo por trampeletas entre gobierno y jerarcas sindicales. Sin embargo, debemos aprovechar cada episodio de estos movimientos involuntarios para profundizar el descontento entre nuestrxs compañeros de clase y organizar la resistencia que en algún momento crecerá…
A un año y medio de gobierno libertario, lxs trabajadorxs de organismos estatales de ciencia, técnica, educación y cultura continuamos sufriendo un desmantelamiento histórico. En medios periodísticos, comunicados gremiales e institucionales, las palabras “cientificidio” y “éxodo científico” resuenan como ecos de alarma. El vaciamiento en nuestro sector se asocia al ataque de un gobierno abiertamente anti-científico, que abre aún más la puerta a la injerencia empresarial en la ciencia pública.
Las políticas del gobierno sobre el sector científico se expresan con claridad en el ataque ideológico directo, la persecución y la intervención directa en sus direcciones.
La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación ha sido uno de los sectores más golpeados: con el financiamiento paralizado en todas sus líneas (FONTAR, FONARSEC, FONCyT); el vaciamiento de su estructura y el congelamiento salarial de las becas a más de un año de acefalía, la situación es alarmante. El decreto 447/2025 anunciado la primera semana de julio atenta de manera directa contra la pluralidad y el carácter federal de la estructura del Comité Directivo de ésta agencia. Se dispuso una reducción de 11 a 3 integrantes en su Directorio:un presidente y dos directores elegidos por el Poder Ejecutivo Nacional─.
Esta injerencia se impone desde el gobierno como forma de reorientar los recursos públicos a los intereses de sectores empresarios y el capital imperialista, en consonancia con las políticas de un gobierno entreguista que atenta contra la soberanía nacional y los intereses populares.
Queda explícito en los nuevos objetivos de la Agencia I+D+i: “impulsar la innovación en el sector científico y tecnológico nacional, a través de instrumentos de promoción, fomento y financiamiento, garantizando la transferencia tecnológica al sector productivo”.
En CONICET, la orientación es la misma. Los ataques discursivos y recortes sobre las líneas de investigación vinculadas a la ciencias sociales, las humanidades, la cultura y las ciencias básicas, son un claro ejemplo. Con una orientación productivista hacia sectores específicos, la convocatoria a becas doctorales y posdoctorales 2025 propone una lista de “temas prioritarios” que implica un 70% de becas asignadas, frente al 30% de temas generales ─invirtiendo los porcentajes previamente establecidos─.
El Directorio del CONICET está cada vez más alineado con el gobierno libertario, perdiendo su autonomía. En el mes de mayo, fueron designados dos nuevos miembros: José María Bruniard, postulado por CONINAGRO, tras la renuncia -forzada por la posición política crítica al gobierno- de García Solá. Bruniard, en coincidencia con el proyecto de la LLA, ha expresado públicamente su intención de privatizar el sistema universitario, reducir el presupuesto del CONICET y eliminar las Humanidades y Ciencias Sociales del organismo; y, Walter Fabián Sione, propuesto por los organismos de Ciencia y Tecnología provinciales, quien se desempeñaba como Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de Rogelio Frigerio (PRO) en Entre Ríos. Por otro lado, cabe destacar que, más allá de éstos miembros del Directorio y su director Daniel Salamone, se identifica la asesoría de María Luz Gonzalez Carman, quien de facto toma las decisiones finales de CONICET por el ejecutivo.
Por su parte, desde el oficialismo se ha alentado desde un principio la estigmatización y violencia contra trabajadores de CONICET. El propio presidente expresó “CONICET FUERA”, señaló que “los investigadores son casta”, jactándose de ser “cruel con los empleados públicos”. Estos actos públicos desaforados interpelaron a parte de la militancia oficialista llegando a atacar investigadorxs en sus trabajos y domicilios. Asimismo, crecen los ataques en redes sociales, con la persecución directa y exposición de títulos de investigación y datos personales. Esta hostigación implica la necesidad de resguardar tanto los distintos campos de estudios, y en particular el de estudios de género, como la integridad física y mental de quienes trabajamos.
Bajo las banderas de la Libertad se busca la eliminación de áreas de Humanidades y Ciencias Sociales, acusadas de estar ideologizadas, esto es, de ser nichos de militancia; pero no debemos ser ingenuos, porque el ataque las trasciende. El argumento de base es simple: si no es “útil”, si no aporta un rendimiento cuantificable al sector productivo ─entendido por tal a la explotación de commodities como la minería, petróleo o el agro─, no merece ser financiado “por la sociedad”. Aunque suene torpe, este razonamiento está en la base de un consenso social hoy generalizado que avala el descarte de toda actividad no rentable. Pero no solo eso, ya que podríamos demostrar fácilmente que muchos de los “productos” de las Ciencias Sociales no están por fuera del mercado ─participan, por ejemplo, del circuito editorial─. Lo que en realidad no tolera LLA es la existencia de campos de conocimiento que se posicionan críticamente, y en esa redada caen también las ciencias duras. Nada que cuestione las premisas de su modelo económico debe quedar en pie. En el pensamiento libertario, las premisas deberían ser delineadas por el oscuro “sector privado”.
La inversión actual en ciencia está en su mínimo histórico. El gobierno actual incumple la ya limitada Ley 27614 de Financiamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Según esta ley, el Estado debería invertir el 0,42% del PBI en el sector, hoy se invierte menos del 0,14%. Para el 2025 se espera una inversión del 0,157% del PBI, equivalente a la mitad de lo devengado en 2023 y un 21,3% menos que en 2024 (Fuente: Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación/Tiempo Argentino).
Como si esto fuera poco, durante 2025 el gobierno NO desembolsó 53 millones de dólares que provenían de organismos internacionales exclusivamente con fines de investigación y que se destinan principalmente a proyectos de investigación financiados por la Agencia I+D+I. Tampoco dió explicaciones sobre el destino de esos fondos.
Desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza más de 1600 trabajadorxs quedaron fuera de CONICET por distintas modalidades de recortes: parálisis de ingresos a carreras, despidos, renuncias por el empeoramiento de las condiciones de trabajo y recortes de becas. Además, el egreso de trabajadorxs por jubilaciones y finalización de becas no alcanza a ser cubierto: CONICET se achica cada vez más.
Parálisis en el ingreso a Carrera de Investigador Científico (CIC) y Carreras de Personal de Apoyo (CPA): en el año 2024 sólo se dio el alta de ingreso a 56 personas, y no hubo promociones. Sin anuncios sobre los restantes ingresos pendientes ─955 investigadorxs─, entre finales de julio y principios de agosto de 2025 se deberían publicar los resultados del concurso de ingreso a CIC 2023, en un contexto de acumulación de incumplimientos. Tampoco se sabe si habrá llamado a concursos a carrera 2024, lo que pone en duda la posibilidad de quienes tienen beca posdoctoral de continuar con su carrera científica. El cuello de botella y la expulsión de becarixs e investigadorxs es un problema histórico que ya alcanza un estado crítico.
En el caso de los nuevos ingresos a carrera de investigación, las prórrogas de becas que se otorgaban hasta el alta efectiva tampoco están garantizadas; esto se suma a la eliminación previa de las becas extraordinarias.
En este marco, las postulaciones para ingreso a carrera en 2024 se redujeron en un 30% respecto a las presentaciones precedentes. Por otra parte, cada año se estiman unas 300 jubilaciones, aproximadamente. Sin embargo, el año 2024 pasado se jubilaron más de 400 personas; muchxs apresuraron el trámite jubilatorio ante un horizonte oscuro en CONICET.
Ésta reducción muestra la intención del Gobierno: eliminar las carreras de Investigador Científico y Personal de Apoyo. En la propuesta de reforma del CONICET de Libertad y Progreso sostienen que el vínculo entre lxs investigadorxs y CONICET no tiene que ser permanente, sino supeditado a proyectos particulares que lxs interesadxs deberán presentar, con una fecha de inicio y de fin.
Con respecto a las Becas, desde el 2024, el gobierno recortó la cantidad de becas doctorales y posdoctorales otorgadas en un 40%.
De 1300 becas doctorales prometidas por el gobierno en diciembre de 2023, se otorgaron sólo 940 en 2024 y en 2025 se otorgaron 1000. Es decir, el gobierno dejó afuera del sistema científico a unos 660 becarixs entre 2024 y lo que va del 2025.
De las 800 becas posdoctorales previamente anunciadas, se otorgaron sólo 500 en 2024. Para 2025 también se prevén 500 becas posdoctorales, mientras que 1500 doctorales están por vencer. Por lo que, los cupos de becas posdoctorales son insuficientes para garantizar la continuidad de quienes cuentan hoy con beca doctoral y más aún quienes quieren ingresar o volver al CONICET. Además, los resultados de la convocatoria 2024 deberían haberse anunciado el 1 de julio pero en una panorama de incertidumbre, aún no se han publicado y dicen que lo harán el 11 de julio.
A esto se suma la parálisis de becas en el extranjero y de las becas extraordinarias, antes mencionadas, para quienes esperan su alta en la carrera de investigación. Actualmente, habría 300 personas a la espera de su ingreso en CIC que no están percibiendo ninguna beca. De ese total 23 personas exigieron una beca extraordinaria, pero solo 7 obtuvieron respuesta positiva bajo criterios de asignación poco claros.
Despidos y renuncias de personal administrativo: entre el DNU 70/2023 ─que postula la necesidad de un recorte de 15% personal administrativo─ y la agudización de la precarización e inestabilidad de los contratos, muchas personas fueron despedidas o se vieron forzadas a renunciar ─más de 10 trabajadorxs en el caso de Córdoba─. Esto ocurre en un contexto en que las tareas son muchas y los puestos de trabajo para cubrirlas son muy pocos.
Las condiciones laborales y salariales de quienes permanecemos hoy en el organismo son cada vez más precarias. Lxs trabajadorxs estatales perdimos un 24,5% de salario real desde la asunción de Milei (Fuente: Grupo EPC). Dadas las condiciones de CONICET, donde los aumentos por unidades retributivas y el presentismo no impacta en todos los escalafones, la caída salarial en el organismo llegó a un 36,4% (Fuente: Mariano Barrera, CONICET, FLACSO CIFRA-CTA): la mayor caída registrada en un lapso tan corto.
Al mes de junio del año 2025, mientras la línea de pobreza en el INDEC es de $1.110.624 -sin considerar gastos básicos como alquiler-, un sueldo promedio de personal administrativo es de $758.000 y el estipendio de las becas doctorales de 960.000. Además, muchas becas cofinanciadas solo sostienen la parte pagada por el organismo, debido a que las universidades están desfinanciadas y no pueden hacerse cargo de su parte; y las becas de Agencia I+D+i están congeladas desde hace un año. El salario del personal de Apoyo es aproximadamente de un $1.200.000 y de unx investigarx asistente alrededor de $1.225.000.
A esto se suma que un porcentaje del magro salario que percibimos en CONICET va dirigido al sostenimiento de nuestras investigaciones y formación, debido a los recortes presupuestarios que el gobierno llevó adelante en ciencia y técnica.
¡Con estos ingresos se estima que el 81% de lxs trabajadorxs de CONICET estamos por debajo de la línea de la pobreza!
En estas condiciones la mayoría de lxs trabajadorxs sostenemos más de un trabajo sólo para poder llegar a fin de mes. Especialmente crítica es la situación del personal administrativo y de lxs becarixs. Al personal administrativo el gobierno nacional le quitó la posibilidad de hacer horas extras para mejorar sus flacos salarios. Además, le redujo el plazo de contratación de un año a tres meses. Cabe destacar que históricamente una buena parte de estxs trabajadorxs han sido contratadxs de forma irregular bajo la figura del art. 9 de la ley de Empleo Público (Ley 24.185): llevan adelante tareas de necesidad permanente bajo contratos por tiempo determinado. Esta forma de precarización laboral ha sido una herramienta muy valiosa para el actual gobierno: ha podido despedir trabajadorxs simplemente sin renovar sus contratos y así no abonar indemnizaciones.
Por su parte, lxs becarixs no cobran aguinaldo, no cuentan con licencia por razones de salud, no pueden elegir obra social, y deben abonar de sus propios bolsillos las obligaciones laborales de formación, presentaciones en congresos y publicaciones. Estas condiciones precarias son históricas pero se agravan con las medidas del actual gobierno.
En este marco, la voluntad y el sacrificio de lxs trabajadorxs parecen ser lo que sostiene a la ciencia argentina. Los despidos directos e indirectos y la falta de financiamiento para el sostenimiento de nuestros espacios de trabajo, agudizan la precarización laboral y deterioran nuestra salud.
Desde la Asamblea de ATE CONICET Córdoba realizamos una encuesta sobre condiciones de trabajo en el organismo, que respondieron más de 500 trabajadorxs ─representando más de un 15% de lxs trabajadorxs de CONICET Córdoba─.
En lo que respecta al impacto de las políticas actuales sobre los lugares de trabajo, nuestrxs compañerxs consideran en un: 85,4% la disminución o falta de financiamiento para proyectos en curso; 76,4% la reducción de incorporación de nuevxs investigadorxs; 73,3% reducción de becas o demora en sus asignaciones; 71,6% infraestructura deteriorada o sin mantenimiento (ej. baños, laboratorios, equipos); 70,3% menor disponibilidad de insumos y reactivos; 27,1% reducción de personal en tareas de apoyo; 25,6% cortes de servicios básicos o dificultad para sostenerlos (electricidad, agua, internet, limpieza; 13,6% exposición a riesgos o amenazas contra la salud, integridad física o ambiente; 11,6% tratamiento incorrecto de residuos peligrosos u otro impacto negativo sobre el ambiente. Por otro lado, en lo referido a las condiciones de trabajo y de vida, en general se identifica que el impacto es grave y se identifica que: el 85,6% personas experimentan sentimientos de desgaste, ansiedad o agotamiento vinculados al contexto laboral; el 60,4% tiene dificultades para sostener su investigación por falta de recursos; el 37,3% vive un aumento de la carga laboral sin reconocimiento ni compensación; un 28,2% expresa realizar tareas fuera de lo que estipula su cargo o beca; el 22,5% presencia directa o indirecta de situaciones de maltrato, desvalorización o violencia simbólica ; y, el 21,6% sostiene que faltan espacios seguros para expresar malestar o disconformidad.
La llamada “fuga de cerebros” o “éxodo científico”, ─un problema que ya venía existiendo antes del gobierno del Milei, por falta de derechos y bajos salarios en el sector─, se profundiza frente al ajuste en el acceso y las condiciones en la permanencia. Hoy una amplia cantidad de científicxs o futurxs cientificxs encuentran como única alternativa irse del país. Las posibilidades, tanto como trabajadorxs de la ciencia o en la educación nacional, nos enfrentan a la precariedad y la incertidumbre. No es muy alentador tampoco el panorama en el sector privado nacional, si tenemos en cuenta el cierre de plantas industriales y empresas privadas en un contexto de receso.
El sector empresario y los organismo científicos extranjeros encuentran así el beneficio indirecto de aprovechar una mano de obra altamente calificada que es expulsada del sistema de investigación público argentino.
¡La salida es colectiva! ¡En la lucha!
Que el cotidiano “en la lucha” no resuene a aceptación de lo que vivimos, a supervivencia ni a naturalización de las malas condiciones. Hoy más que nunca nos apremia la urgencia: compañerxs deciden quedarse a trabajar bajo la precariedad de un sistema sostenido por hilos, mientras que tienen la posibilidad se van a trabajar al exterior o al sector privado. Nos persigue el fantasma de la paralización y el desmantelamiento del sistema científico en su conjunto.
Nadie se salva solx. Estamos convencidxs que debemos ir más allá de la prisa. Necesitamos acuerparnos para construir trincheras que defiendan nuestros puestos de trabajo, condiciones laborales y de vida, pero también, donde detenernos a pensar cómo construir alternativas.
Ante un ataque generalizado contra lxs trabajadorxs, jubiladxs, la educación y la salud pública, encontramos en la solidaridad la fuerza para continuar luchando. La consigna, desde abajo, es construir una ciencia de y para lxs trabajadorxs.
Lxs trabajadorxs petroquímicxs de Río III están atravesando una durísima lucha en defensa de sus puestos de trabajo, mostrando sus métodos de resistencia, que incluyeron desde la toma de fábrica hasta el apoyo incondicional a nuestras medidas de lucha también, como cuando se acercaron para participar de nuestro festival. Desde la Junta Interna consideramos fundamental vincularse, intercambiar opiniones, apoyar activamente y difundir la lucha de otros sectores de trabajadorxs que están siendo atacadxs por el gobierno de Milei. A continuación ofrecemos una breve cronología del conflicto e invitamos a solidarizarnos activamente con nuestros compañeros de clase. Agradecemos especialmente a Lucas Fellici, secretario gremial del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP).
Este conflicto se inicia en octubre de 2024 cuando la Petroquímica Río III decide suspender la fabricación de TDI -producto base para espumados, pe. colchoneras-, y cierra su planta despidiendo 140 trabajadorxs, muchxs de ellxs sin convenio. La patronal se amparó en el levantamiento de medidas antidumping sobre este producto, que liberó las importaciones perjudicando su producción. Lxs trabajadorxs atravesaron 90 días de lucha, entre acampes, huelgas y movilizaciones, hasta que se logró la reincorporación de una veintena de trabajadorxs afiliadxs al sindicato. También se logró la reapertura de la fábrica en su sección química, para la elaboración de productos para potabilizar agua, soda cáustica, e hipoclorito de sodio, hasta que la empresa comenzó a parar la producción sistemáticamente, aduciendo en esta ocasión la suba de costos de producción (energía), primero por 15 días, luego con intentos de vaciar la fábrica. Esto ocasionó que lxs trabajadorxs vuelvan a realizar asambleas permanentes, preocupados por su situación. A través del sindicato, se denunció a la empresa, en el ministerio de trabajo, por realizar lock out patronal (o huelga patronal). La empresa respondió militarizando la fábrica (gendarmería, infantería, y policía de Córdoba ingresaron al establecimiento), y despidiendo a 125 trabajadorxs, 65 de ellxs afiliadxs, y el resto personal de gerencia. Allí es cuando se decide tomar la fábrica por 27hs, con paro total de actividades en el resto de las industrias que cubre el sindicato (Atanor, por ejemplo), y realizando manifestaciones en la ciudad. Finalmente, se dictó la conciliación obligatoria, dejando el ingreso de trabajadorxs a la planta, pero bajo condiciones violentas como el quite del transporte, de cobertura médica, o de agua caliente en los baños de la fábrica. Ya van 2 audiencias en el ministerio de trabajo sin resultados positivos, mientras, la empresa pidió convocatoria a preventivo de crisis, lo que posibilitaría evitar pagar indemnizaciones (que tampoco las pagó sobre lxs trabajadorxs ya despedidos). La conciliación vence el 4 de agosto…la demanda de los trabajadores actualmente es por la reincorporación de lxs despedidxs, y el pago de indemnizaciones a lxs que ya lo fueron y no buscan reingresar.
Todo el conflicto se desplegó en multitudinarias marchas en la ciudad de Río III, con la solidaridad de otros gremios, jubiladxs, estudiantes universitarixs y trabajadorxs de CONICET. Desde la Junta Interna de ATE CONICET Cordoba, siempre presentes y en solidaridad por la unidad de las luchas!
Al momento de escribir estas líneas se ha anunciado un nuevo acuerdo con el FMI que consiste en un préstamo de más de 20.000 millones de dólares. En cadena nacional Milei dijo que la inflación había caído y los salarios y jubilaciones habían mejorado su poder de compra. Una burla. La nueva política cambiaria establece bandas que oscilarán entre un valor de 1000-1400 pesos el dólar, lo que implica de hecho una nueva devaluación del peso cuyo efecto inmediato será un alza de la inflación que ya en abril había pegado un salto al 3.7% mensual. El mismo viernes que el gobierno anunciaba con bombos y platillos otro endeudamiento, UPCN, uno de los gremios que nuclea a trabajadores de la administración pública, y entre ellos CONICET, aceptaba una paritaria humillante de 1.3% para marzo, abril y mayo. Consolida así una pérdida salarial del 36,4 % desde noviembre de 2023. En este sentido, y según los datos de marzo, más del 63% de lxs trabajadorxs de CONICET tienen salarios o estipendios por debajo de la línea de pobreza.
Lo que se viene no es mejor. Estamos en un año electoral, donde el gobierno se juega a incrementar sus representantes en el parlamento. De ocurrir, podrá dar pasos decisivos en la reforma laboral que no solo afectará a las jubilaciones sino que, como ha sido advertido, modificará nuestro estatuto para precarizar aún más nuestras condiciones laborales. Siendo minoría, el gobierno logró avanzar con el DNU y la Ley Bases, gracias al apoyo que la oposición le ha brindado; además, estos apoyos incluyen el beneplácito de los gobernadores de todos los signos políticos que, como Llaryora, negocian sin escrúpulos a cambio de fondos. Hay que destacar que la reforma laboral goza de consenso en todo el arco político de los partidos dominantes; por eso la necesidad de construir nuestras propias fuerzas es urgente.
Por otra parte, ocurrió el tercer paro general convocado por la CGT y las dos CTA. Y antes, el paro docente universitario. Y otra vez asistimos a la pavorosa escena donde la dirigencia sindical nacional y provincial realiza una pantomima de ‘plan de lucha’, que ningún trabajador sabe en qué consiste. Por otra parte, ¿marcharon todxs lxs trabajadorxs?, no, desde hace años que en Córdoba es común que solo se movilicen los “cuerpos orgánicos”, es decir, direcciones sindicales y delegadxs, dejando a las bases alejadas de la discusión y sin posibilidad de expresarse. Generalmente estos sindicatos no realizan paros, por lo que la presencia en las calles es difícil de asegurar. Todos estos mecanismos han profundizado la desconfianza hacia la dirigencia, mientras un desánimo generalizado contribuye a que los planes de ajuste y ataque a lxs trabajadorxs avancen sin oposición real.
Peor aún, actualmente la dirigencia provincial escamotea referirse a Llaryora justo en el mismo momento en que éste despedía personal de salud y anunciaba la privatización de EPEC. El acto por el paro, realizado el miércoles al mediodía gracias a que lxs jubiladxs se movilizan todos los miércoles, consistió en la rutinaria marcha sin rumbo claro, y dejó a la mayoría de lxs trabajadorxs sin pena ni gloria, a la espera de acciones para el jueves siguiente, que nadie propuso… Lxs únicxs que sí lo hicieron fueron lxs trabajadorxs petroquímicos de Río Tercero, que en su ciudad movilizaron el jueves contra los despidos y la política del gobierno nacional y provincial. Allí estuvimos miembros de la JI junto a lxs docentes de UEPC capital y trabajadorxs de ATE Río Tercero.
En este contexto, desde la Junta Interna de CONICET apostamos a construir una herramienta de lucha, reflexión y acción, con la única certeza de que sólo a través del debate fraterno entre nosotrxs y el conjunto de lxs trabajadorxs y organizaciones sociales y políticas, podemos construir una alternativa. Tenemos nuestras demandas específicas (becas, ingresos, situación de contratados, salarios, financiamiento), pero como dijimos en el Boletín N1, también sabemos que nuestro futuro no corre su suerte en soledad, sino que está unido al resto de la clase trabajadora. Queremos por eso comenzar a repensar y debatir qué modelo sindical queremos, sobre todo porque estas situaciones de desconexión entre dirigentes y bases, desde la cual se construyen burocracias sindicales que no escuchan a sus bases porque prefieren jugar sus fichas negociando cargos, es un factor que nos desmoviliza y nos coloca en situación de extrema debilidad frente a un ataque que amenaza nuestras condiciones de vida.
¿Son estas cuestiones novedosas, nimiedades sin sentido, alejadas de lo que realmente interesa? Precisamente lo contrario: Córdoba ostenta una rica tradición gremial y combativa donde podemos echar mano para pensar estos problemas. Y si actualmente las direcciones burocráticas se espantan con la palabra asamblea, rechazan actividades donde se debatan nuestras condiciones laborales, no consideran solidarizarse con otros sectores en conflicto, y solo piensan en perpetuarse en sus cargos o en ser caudillos en listados electorales, sabemos que existió y existe otra manera de considerar la función de los sindicatos y la dinámica de lxs trabajadorxs en su interior. Pero esa tradición se escamotea, se oculta, por eso acá queremos traer ese momento de los años 70 donde se enfrentaron dos modelos sindicales, resumidos en las figuras de Agustín Tosco (referente cordobés de Luz y Fuerza y protagonista del Cordobazo) y José Rucci (mano derecha de Perón y representante de la burocracia sindical peronista). En ocasión de un debate televisivo realizado en 1973, ambos se refirieron a cómo entendían al movimiento de lxs trabajadorxs. El debate fue histórico y marcó a fuego la historia de lxs trabajadorxs argentinxs:
Tosco dijo: “Nosotros conceptuamos al movimiento obrero como una práctica eminentemente democrática, como una democracia que surge de las bases. Sostenemos que todo compañero que es representante de una organización obrera debe mirar más hacia las bases que hacia la cúspide”.
Rucci, marcando otra tradición que hasta nuestros días se impone, señaló: “La CGT tiene que regir su cometido a través de cartas orgánicas que son legisladas precisamente por los representantes de los trabajadores. En consecuencia, esa expresión, que puede causar mucho efecto, de consulta a las bases es una expresión que no cabe dentro de un movimiento sindicalmente organizado porque la CGT tiene secretario, un Consejo Directivo y un Comité Central Confederal”.
El debate que proponemos puede partir de estas premisas, hoy tan actuales como entonces. Estos modelos se replican incluso en las instituciones donde trabajamos. ¿de qué manera podemos tomar nuestro presente en nuestras manos? Creemos en la práctica constante de asambleas de afiliados y no afiliados, único lugar donde podemos hablarnos y escucharnos, sin jerarquías ni dirigentes que se impongan y acaparen el micrófono (que no tenemos). Buscamos acompañar las luchas presentes, nos solidarizamos con aquellos que están siendo atacados, peleamos por mejorar nuestras condiciones laborales, denunciando todo acto de injusticia y discriminación. Discutimos un modelo de ciencia por y para las necesidades populares, combatiendo las tendencias hoy dominantes a la profesionalización y la tecnocracia, a la consolidación de un sistema subordinado a las grandes industrias y cámaras empresariales. Queremos romper ese cerco individualista que no conecta su realidad con lo que le sucede a nuestros compañerxs de clase.
]]>El proceso de lucha de lxs trabajadorxs de CONICET lleva más de dos décadas. Pasamos de eslóganes como “investigar es trabajar” a pelear por el mantenimiento de nuestra fuente laboral, hoy amenazada como nunca antes. A través de los años, mediante notas, petitorios, movilizaciones, radios abiertas, tomas de edificios públicos, cortes de calle, charlas debate, se realizaron múltiples demandas: salariales, por condiciones de trabajo, contra situaciones de violencia laboral y de género, por licencias, contra la precariedad de los artículo 9, o por la firma de un convenio colectivo de trabajo específico para nuestra actividad. Desarrollamos un sinfín de acciones que buscaron mejorar nuestras condiciones de trabajo; los avatares, que distintos gobiernos aplicaron en el ámbito científico, generaron como respuesta un espacio de discusión, movilización y lucha que decantó en asambleas, que se fueron intensificando a medida que nuestra situación se iba deteriorando. Somos fruto de ese proceso, donde no solo se disputan salarios y condiciones laborales, sino también el modelo científico que queremos sostener con nuestro trabajo. Para fortalecer nuestras discusiones, consideramos fundamental avanzar en la organización interna como empleadxs de la administración pública nacional. Al mismo tiempo, como trabajadorxs, buscamos unirnos con otrxs compañerxs de nuestra clase para impulsar debates y avanzar en acciones que nos afectan por igual. Este paso enorme, que comenzó con nuestra sindicalización y la participación activa en la vida gremial —solidarizándonos con otras luchas, definiendo estrategias colectivas y conociendo diversas realidades laborales— decantó en la conformación de nuestra primera Junta Interna (JI), elegida en diciembre de 2024, y que es el resultado de estos largos años de lucha.
En tanto estructura orgánica gremial, la JI es parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), sindicato que representa a los trabajadorxs de la administración pública nacional y provincial. La JI posee 9 secretarías, tiene mayores facultades que un cuerpo de delegadxs, se articula con otros sectores gremiales de ATE y otros sindicatos y organizaciones políticas y sociales. Por su estatus institucional, participa en negociaciones con las autoridades de CONICET junto a otras JI ya existentes, al día de hoy las de Rosario, CABA y La Plata.
Desde antes de nuestra asunción y a partir del 18 de diciembre venimos participando de una multiplicidad de espacios: la mesa de becarixs; acciones colectivas como las marchas por el aniversario del argentinazo del 2001, la marcha federal LGTBIQNB+ (1 de febrero), en defensa de EPEC estatal e integrada (27 de febrero), en el 8M transfeminista, antifacista y antirracista, en marchas en apoyo a lxs jubiladxs, con declaraciones colectivas por los incendios en el sur; así como luchas propias de nuestro sector, en la radio abierta por el 67 aniversario de la creación del CONICET, en defensa de la ciencia argentina (19 de febrero), exigiendo la ampliación del cupo de becas de finalización de doctorado, rechazando la censura y persecución política en CONICET, charlas debate como la realizada el viernes 14 de marzo sobre experiencias de resistencia de lxs trabajadorxs cordobesxs en dictadura; con asambleas para debatir nuestras posiciones de cara a un contexto de ajuste y represión.
En nuestro proceso de discusión y conformación, debatimos los ejes que nos unían y el horizonte al cual apuntamos. Les compartimos e invitamos a acercarse a difundirlos y discutirlos:
Queremos continuar seguir articulando nuestras luchas con otros sectores de trabajadorxs, organizaciones territoriales, socioambientales y feministas; visibilizar nuestras condiciones laborales y reivindicaciones en medios de comunicación hegemónicos y compañeros, en las redes en las calles y en nuestros lugares de trabajo; conocer mediante relevamientos cuáles son las situaciones que nos afectan y de qué forma podemos abordarlas de manera colectiva, mediante herramientas legales, gremiales y acciones directas.