“Toda la vida hubo tensión en torno a los temas que investigo. Lo que quieren es generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren; quieren que se dejen de investigar los temas verdaderamente importantes, los temas sensibles.” (Virginia Aparicio, investigadora del INTA y del CONICET en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce).
Titulamos este boletín con una pregunta de Virginia Aparicio, en una carta abierta publicada en varios sitios de noticias. Virginia es actualmente conocida por enfrentar un posible despido y exoneración (inhabilitación para prestar servicios en la administración pública) por decir lo que resulta inconveniente no solo a la salud de una población de un país, sino también a su modelo socioproductivo, sobre el cual se montan todas las expectativas de un supuesto desarrollo.
Más específicamente, lo que pretenden censurar es uno de los aspectos centrales que constituyen la labor científica por excelencia: la difusión pública de sus resultados. En efecto, los resultados de las investigaciones de Virginia y su grupo de trabajo en el marco de proyecto internacional llamado SPRINT, del cual el INTA formó parte institucionalmente, mostraban la presencia de más de 200 plaguicidas en distintas matrices ambientales, en concentraciones significativamente mayores a las de países europeos. Se hallaron residuos químicos recurrentes en muestras de suelo, agua, plantas de cultivo y alimentos, incluso en el polvo de los hogares. Todas las personas que participaron como voluntarias en el estudio y que provenían de diversos pueblos y establecimientos agropecuarios tenían restos de estas sustancias en sus cuerpos: en muestras de sangre, orina, materia fecal y en pulseras que medían la exposición a contaminantes en el ambiente.
Con todo, la difusión de este caso representa una pequeña victoria entre tanto ataque al sistema científico argentino: lo que debía permanecer secreto para no incomodar a los sectores del poder que se pretenden dueños de la ciencia argentina, es ahora reproducido por medios locales e internacionales.
Virginia atraviesa represalias por contar lo inconveniente, y lo inconveniente ha sido ejecutado por miembros de dos gobiernos, progresistas y libertarios, incluso por funcionarios que decían apoyar otros modelos de producción. El proyecto SPRINT inició con aval del INTA, cumpliendo todas las instancias reglamentarias para una cooperación internacional. Sin embargo, en junio de 2023, bajo la gestión del Frente de Todos, el director nacional de INTA solicitó suspender la presentación de sus resultados. En diciembre de ese año, a días del cambio de gobierno, decidieron retirar al INTA del proyecto. Por su parte, la administración libertaria no titubeó ni un momento en continuar con esta persecución. En 2024 prosiguieron con averiguaciones sobre las funciones y el trabajo de Virginia. En 2025 le informaron que se encontraba sumariada junto con integrantes del equipo que había participado de la investigación. En agosto de este año, el consejo directivo del INTA habría tratado este sumario. Extraoficialmente, se ha informado que habría decidido la exoneración, máxima sanción posible para un trabajador estatal.
El disciplinamiento al sector científico
Tomamos un fragmento de una entrevista a Virginia, allí nos dice: “¿Qué aprende un investigador joven frente a esa situación? ¿Y qué entiende una comunidad que participó de una investigación, abrió las puertas de su casa, entregó muestras y confió en instituciones públicas, pero no recibe la información científica que merece?” Las palabras de Virginia trascienden su caso y apuntan directamente al universo del trabajo científico en el cual nos movemos. Mirar al costado, hacer silencio frente a la censura, desentendernos de la difusión pública de nuestros resultados, es la peor lección que podemos dar a las nuevas generaciones que contra viento y marea se inician en la tarea científica en organismos estatales. Tomar en nuestras manos la defensa de una compañera a quien se pretende expulsar, implica posicionarnos como trabajadores científicxs por una ciencia democrática, abierta y sensible a las problemáticas sociales más acuciantes.
Como trabajadores del sector científico sufrimos el ataque, por todos conocido, del desfinanciamiento, de la precarización laboral, de los bajos salarios. Pero el caso de Virginia nos muestra otro aspecto de la realidad del trabajo en ciencia y tecnología: el ataque a la dignidad del trabajo científico comprometido. Desestimar las realidades “incómodas” es una primera estrategia: desde ministros que afirman que el efecto del glifosato es “como tomar agua con sal” hasta presidentes de CONICET que niegan el más que evidente ajuste y expulsión de trabajadores de la ciencia. Profundizar ataques directos a las personas involucradas es, lamentablemente, cada vez más frecuente.
Adecuar las líneas de investigación a los intereses del poder, autocensurar los resultados de las investigaciones, es el efecto esperado; poner las investigaciones en manos privadas, una condición para que aquello se cumpla. ¿Pueden los intereses privados abarcar aspectos como la salud, el cuidado del ambiente o el diseño de políticas públicas en áreas productivas? La repetición de discursos vacíos de una ciencia para el desarrollo acompaña esta estrategia. Porque lo que nos muestra este caso es que el desarrollo del que se habla es el de los dueños del país, y no el de las necesidades de su población.
Por una ciencia incómoda, independiente y que trabaja por el bien común, por la dignidad del trabajo científico comprometido, exigimos el cese inmediato de la persecución a Virginia Aparicio y a su equipo de trabajo. Nos pronunciamos contra la censura, por la difusión pública de los resultados de nuestras investigaciones. Hacemos nuestras las palabras de Virginia: “Frente a evidencia científica incómoda, una sociedad democrática necesita más ciencia, no menos: mejores datos, discusión abierta, investigación independiente y decisiones fundadas en evidencia.”